martes, octubre 21, 2014

Asamblea General en Grupo Veintitrés por cierre de medios y amenazas de despidos

Los trabajadores del Grupo Veintitrés, propiedad de los empresarios de medios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, realizarán una asamblea general el jueves 23 de octubre para protestar contra la amenaza de despedir a diez trabajadores efectuada desde la dirección de la compañía, tras el cierre de las revistas Newsweek y Auto Bild.

La asamblea se llevará a cabo en las puertas de Amenabar 23, Ciudad de Buenos Aires, a las 15. En esa cuadra se encuentran las redacciones del diario Tiempo Argentino, Radio América, el semanario Miradas al Sur y la revista El Sensacional, entre otros. Además, están las oficinas de la gerencia de Recursos Humanos del Grupo.

El 14 de octubre, la gerenta de Recursos Humanos de la empresa, María Gracia Perrone, y el director de la división de Revistas Premium, Alex Milberg, manifestaron a los trabajadores el cierre inmediato de Newsweek y Auto Bild. Al día siguiente, uno de los propietarios de la compañía, Sergio Szpolski, aseguró que reducirán diez personas de la planta permanente.


Varios medios del Grupo se declararon en estado de asamblea permanente exigiendo la continuidad laboral, ya sea en los productos mencionados o en otros del grupo, manteniendo las condiciones de contratación. En ese marco, se están llevando a cabo asambleas por redacción en defensa de los puestos de trabajo.

El hecho se enmarca en un constante atraso en el pago de salarios en varios medios y el reciente achique del sitio web Diagonales, de La Plata, donde se intenta reducir la redacción a través de presiones similares.

Comisión Gremial Interna:
División de Revistas Premium
Tiempo Argentino
Revista Veintitrés
Infonews
Miradas al Sur
7 Días
Radio América
Comunidad Virtual
Diagonales

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lunes, octubre 20, 2014

Los despedidos y las despedidas del diario Hoy queremos respuestas

Concentramos el miércoles 22/10 a las 12hs
frente a Gobernación, en 6 y 53

Ante la falta de respuestas tanto de la empresa como del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, los trabajadores y las trabajadoras del Diario Hoy definimos realizar una nueva protesta en reclamo por la reincorporación de los diez despedidos y en repudio a la represión sufrida el miércoles 8 de octubre por parte de la policía bonaerense.

Convocamos a todos nuestros colegas, trabajadores de prensa de la región, organizaciones gremiales y políticas a participar de esta jornada de protesta para exigir respuestas ante el marco de impunidad que el Estado provincial le otorga a las empresas de la región para despedir trabajadores sin causa y perseguir a aquellos que intenten organizarse gremialmente.

Días atrás en la ciudad de Tandil, el gobernador Daniel Scioli dijo a la prensa que se “solidarizaba” con los trabajadores y trabajadoras de prensa reprimidos. Sin embargo el Ministerio de Trabajo se llama a silencio y no dicta la conciliación obligatoria ni realiza las inspecciones.

Asimismo, al día de hoy no se dilucidó quienes fueron los responsables de ordenar la represión contra quienes nos manifestábamos en la puerta del medio, ya que la misma fue llevada a cabo sin orden judicial y violando todo tipo de protocolo policial.


Seguimos reclamando:

-          Reincorporación de los despedidos y las despedidas

-          Basta de trabajo en negro

-          Incorporación de todo el personal al convenio 541/08

-          Cierre de las causas a los compañeros detenidos el 8/10. Esclarecimiento de los responsables de la represión ilegal



Trabajadores y Trabajadoras del diario Hoy



Contactos:
David: (221) 15-455-5949
Ramiro: (221) 15-619-1970
Estefanía: (221) 15-316-0414
Nicolás: (221) 15-541-77-72

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domingo, octubre 19, 2014

¡Justicia por Luciano Arruga!

Vanesa Orieta y Mónica Alegre visitaron el destacamento de Lomas del Mirador en cinco oportunidades para preguntar por Luciano Arruga en las primeras horas de su desaparición. Los policías de la comisaría donde el chico había estado detenido en dos ocasiones ofrecieron, como toda respuesta a la hermana y a la madre, que no lo habían visto por allí (Vanesa ya había escuchado los gritos de su hermano, mientras era torturado en la cocina de esa dependencia: “Sacame de acá que me están moliendo a palos”, pedía el joven matancero de 16 años en una de esas detenciones). La tercera vez que Mónica se acercó a Indart 106 le respondieron: “¡Váyase tranquila, señora, seguro está con una novia! Ya va a volver”. Al quinto día de su desaparición, Vanesa y Mónica presentaron un hábeas corpus confeccionado por ellas ante la Justicia provincial, que el juez de Garantías de La Matanza, Gustavo Banco, desestimó. La investigación para dar con el joven estuvo paralizada el primer mes y medio.

Fue necesario que las mujeres presentaran en abril pasado un nuevo hábeas corpus, esta vez patrocinadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, para que la justicia ordenara al Estado, por intermedio del Ministerio de Seguridad de La Nación, que se cotejaran las huellas dactilares que obraban en el expediente por la desaparición del joven con las de otras personas que yacían en la morgue judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Sólo así, después de que no se supiera nada más de Luciano –luego de que la Justicia provincial caratulara el caso como “averiguación de paradero”, durante más de cuatro años, hasta que el año pasado la causa pasara al fuero federal para investigarse como “desaparición forzada de persona”--, y seis meses después de presentado el segundo hábeas corpus, el viernes pasado, en conferencia de prensa en la sede del CELS, Vanesa pudo destacar que los familiares y amigos de Luciano habían vencido: la Justicia y el Estado determinaron, después de cinco años y ocho meses, que el cuerpo de Luciano había sido enterrado en el cementerio de Chacarita, como NN, en febrero de 2009, tres días después de su desaparición.

A Luciano lo desaparecieron funcionarios judiciales, policiales y del poder político que desestimaron, en todo este tiempo, los constantes ruegos de Vanesa y Mónica para que buscaran al “Negro”, como lo conocían en el entorno familiar. También lo ocultaron los medios de comunicación de sus portadas y coberturas periodísticas, olvidos que la prensa interrumpió ocasionalmente algún 31 de enero, fecha en la que fue visto por última vez con vida en el mismo destacamento de la calle Indart al que había sido trasladado para verduguearlo, para hostigarlo por negarse a robar para la Policía Bonaerense, y donde, según un preso que lo vio aquella noche de verano, fue torturado, atado a unas rejas, por los subcomisarios Néstor Díaz y Ariel Herrera, los subtenientes Oscar Fecter y Daniel Alberto Vázquez, y los oficiales Martín Monte, Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz: todos se encuentran hoy en disponibilidad preventiva, pero nunca fueron indagados ni en el expediente por la desaparición forzada del menor ni en la causa administrativa abierta en su contra.

Ayer Luciano volvió a ser noticia. Esta vez algunos medios titularon “Arruga: la triste verdad, tras 5 años de angustia” y señalaron “fin del misterio”. Otros, que publicaron la foto de Mónica descompensada durante la conferencia de prensa en el CELS --en un acto canalla que el Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP) repudia con firmeza--, mencionaron en sus bajadas que el joven de Lomas del Mirador había desaparecido tras denunciar “aprietes policiales” (así, entre comillas). Los trabajadores y las trabajadoras del CTP abrazamos hoy a Vanesa, a Mónica, a los familiares y amigos de Luciano Arruga, y a todas aquellas personas que luchan contra la violencia institucional. Exigimos que la Justicia y el Estado interpongan todas las herramientas de las que disponen para determinar qué sucedió con Luciano Nahuel Arruga entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de enero de 2009. También pedimos a los compañeros y las compañeras de prensa que respeten a la familia, los invitamos a que cubran este caso con responsabilidad, sin estigmatizar a un joven de 16 años que fue perseguido por la policía por mantenerse fiel a su madre, que le pedía que cartoneara, juntara botellas, trabajase de lo que fuera, pero nunca robara.

Luciano Nahuel Arruga quería terminar la secundaria y regalarle el diploma a su hermana Vanesa, a quien admiró hasta el punto de tatuarse su nombre en el muslo derecho, y planeaba retratarlo con letras chinas en el pecho, cerca del corazón. Soñaba con conocer el mar. “Me voy a arrodillar y lo voy a agarrar –le dijo una vez a Mónica--. Quiero saber lo que es tenerlo entre las manos.” Y le prometió llevarla a conocer las montañas, viajar por todos lados. Porque estamos convencidos de que los trabajadores y las trabajadoras de prensa debemos generar un periodismo al servicio del pueblo; porque en las entrañas de los medios hay laburantes que damos pelea por visibilizar la violencia institucional; y porque “dar testimonio en momentos difíciles” puede evitar que un crimen cometido por las fuerzas de seguridad quede impune, todas las redacciones pedimos: “¡Justicia por Luciano Arruga! ¡Ni un pibe menos, ni una bala más! ¡Basta de violencia institucional!”.

Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa (CTP)
Twitter: @lasredacciones

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miércoles, octubre 15, 2014

El Grupo Veintitrés cierra dos revistas

El Grupo Veintitrés anunció el cierre de las revistas Newsweek y Auto Bild antes de fin de mes, mientras que ofreció retiros voluntarios a todo el personal de la División de Revistas Premium de la compañía.

Al mismo tiempo, no aseguró la continuidad laboral de los trabajadores.

Por tal motivo, nos declaramos en estado de asamblea permanente y exigimos que se garantice de inmediato nuestra continuidad laboral.

Trabajadores Grupo Veintitrés

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viernes, octubre 10, 2014

¡Los Metropolitanos que tiraron con balas de plomo van a juicio a fuerza de lucha y organización!

Reproducimos el comunicado de RNMA, CORREPI y ENECA.

La organización y lucha logró un nuevo triunfo en la causa contra los policías metropolitanos que dispararon con balas de plomo en el intento de desalojo de la Sala Alberdi el 12 de marzo de 2013. Los oficiales Pereira de la Rosa, Acosta y Ledesma deberán ir a juicio oral por el homicidio agravado en grado de tentativa de los comunicadores populares particulares Germán Darío De Los Santos (DTL!) y Esteban Leonel Ruffa (ANRed), ambos de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y el integrante de una biblioteca popular Mario Ciro Fumaroni.

La Sala V de la Cámara Criminal decidió hoy confirmar el procesamiento de los policías metropolitanos acusados de disparar con balas de plomo el 12 de marzo de 2013, durante el intento de desalojo de la Sala Alberdi del Centro Cultural Gral. San Martín, oportunidad en la que hirieron a tres personas.

Hace un mes, la jueza Wilma López decretó el procesamiento de Nelson Maximiliano Acosta, Miguel Antonio Ledesma y Gabriel Heriberto Pereira de la Rosa por considerarlos coautores de homicidio agravado por resultar los imputados miembros de una fuerza policial y haber abusado de sus funciones en grado de tentativa, reiterado en tres oportunidades. Sus defensores, los abogados Juan Martín Cerolini, Julián Curi y Sheila Borzani Papel (los dos últimos del estudio Righi-Montenegro), apelaron la resolución. El lunes 6 de octubre se realizó la audiencia, ante los jueces Gustavo Bruzzone y Mirta López González, mientras en la calle se desarrolló una jornada cultural antirrepresiva organizada por RNMA, CORREPI y ENECA.

Imagen: ANREd
La primera cuestión que analizaron los jueces, fue cómo son las heridas que tienen las víctimas. Concluyeron, después de revisar las constancias de la causa, “que las heridas de Fumaroni, Ruffa y De Los Santos fueron efectuadas con postas de plomo”.

La segunda cuestión se centró en determinar quién las produjo. Allí, resolvieron que “No se encuentra cuestionado que Acosta, Ledesma y Pereira de la Rosa se hallaban en el lugar de los hechos en el que resultaron heridos los damnificados, por haber sido desplazados para el operativo dispuesto por el conflicto suscitado a partir del desalojo por la ocupación de la Sala Alberdi del Centro Cultural General San Martín”, y que los tres policías portaban escopetas “Mossberg” calibre 12/70, destacando “la absoluta informalidad con que recibieron el armamento y lo devolvieron”, motivo por el que ordenaron a las autoridades de la Policía Metropolitana que “confeccionen de manera urgente un protocolo para la reserva de armas vinculadas a hechos de estas características, así como también una regulación estricta en la entrega y devolución del armamento y municiones”.
Así, tuvieron por acreditado que sólo los tres policías imputados portaban ese tipo de armas, por lo que ordenaron a la jueza de instrucción avanzar hacia la elevación a juicio.

Un punto importante de la resolución refiere a lo denunciado por la querella en oportunidad de la audiencia, en cuanto a la identidad de lo ocurrido en este caso con otras represiones protagonizadas por la fuerza policial municipal. Dijeron los jueces: “No puede dejar de remarcarse, como lo hizo la Dra. Verdú, la similitud que se advierte entre lo investigado en estas actuaciones y el caso (...) en el que se investigaron los homicidios y lesiones que tuvieron lugar durante el desalojo de los terrenos del Parque Indoamericano”.

Mientras seguimos exigiendo que se investigue la participación de la policía federal en el episodio, y reiteramos que la imputación no debe limitarse a los policías, sino avanzar hacia los funcionarios del GCBA - Mauricio Macri, Guillermo Montenegro y Hernán Lombardi - que dirigieron el operativo, celebramos que ya estamos en camino al juicio oral contra los metropolitanos.

Nosotros construimos comunicación popular, defendemos el espacio público, creamos cultura popular. Ellos tiran balas de plomo.

CORREPI – ENECA – RNMA

ADHESIONES: causasalaalberdi@yahoo.com

Contactos:
- Esteban Ruffa: 011- 15 6852 9804
- Germán de los Santos : 011 - 15 5060 3757
- María del Carmen Verdú: 011- 15 4417 0659

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La justicia ratificó la reinstalación de los integrantes de la Junta Electoral

La Cámara rechazó la apelación presentada por Perfil.

La Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó el fallo que ordenó la reinstalación de los seis integrantes de la Junta Electoral despedidos en octubre de 2013 y en enero de este año.

La resolución judicial que lleva la firma de los jueces de Cámara Miguel Angel Maza y Miguel Angel Pirolo rechazó la apelación presentada por Editorial Perfil. La Cámara impugnó la argumentación de la editorial en la que alegaba que no les correspondía a los compañeros la inmunidad gremial (tutela sindical), aun cuando eran miembros de la Junta Electoral elegida para los comicios de renovación de la Comisión Gremial Interna, En el mismo sentido, se explayó el Fiscal General de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, doctor Eduardo Álvarez.

El fallo deja firme la medida cautelar dictada por la Jueza Viridiana Díaz Aloy del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nro 80 dictado a principios de marzo.

La medida fue solicitada en sede judicial por León Piasek, Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas luego de que el Ministerio de Trabajo elaborara un Dictamen sobre la ilegalidad de la acción patronal.

La decisión de la Cámara del Trabajo inflinge una derrota a la estrategia de persecución sindical en la que se encuentra empeñada Editorial Perfil, cuya expresión máxima ha sido el intento de criminalizar la lucha por la defensa de los puestos de trabajo, con la causa penal iniciada por Jorge Fontevecchia contra la Comisión Gremial Interna y un integrante de la Junta Electoral.

Valoramos la resolución judicial en el marco de la enorme acción desplegada por los trabajadores de Editorial Perfil en defensa de cada uno de los puestos de trabajo y de la solidaridad activa del Plenario Autoconvocado de Prensa Escrita, Radial y Televisiva.

Comisión Gremial Interna de los Trabajadores de Prensa de Editorial Perfil

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